WASHINGTON – Un plan de arrestos de inmigrantes indocumentados puesto en funcionamiento en 2003 como parte de las políticas de seguridad nacional implementadas tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, volvió a ser cuestionado tras una auditoría interna. Una oficina de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) concluyó que es incapaz de verificar si los fondos federales para un programa que vigilaría el cumplimiento del polémico Programa 287(g) fueron erogados como pretendía el Congreso, reportó The Associated Press. El inspector general del DHS dijo el viernes que el Congreso dio a la oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) $11.1 millones

en el 2009 y 2010 para realizar revisiones del cumplimiento del programa que otorga poderes extraordinarios a las agencias de policía local para que cumplan funciones como agentes del servicio de inmigración.

El gobierno admitió que vigila las páginas personales de usuarios de redes sociales

El gobierno reconoció que espía las cuentas personales de la gente en las redes sociales para descrubir fraude en peticiones relacionadas con casos de inmigración. En un memo enviado a una organización sin fines de lucro en California, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración expresó que 'estas redes sociales nos dan una oportunidad para revelar fraude ya que visitando estos sitios

vemos si peticionates y beneciarios estn en una relación válida o si están tratando de engañar al Servicio de Inmigración y Ciudadanía acerca de su relación'.

La novedad seguramente llevará a muchos usuarios de las páginas de redes sociales a pensar dos veces antes de hacer público ciertos comentarios o informaciones en sus páginas web para que no sean utilizados en su contra.

La Fundación Frontera Electrónica, un grupo que aboga por los derechos civiles con base en San Francisco, recibió información a través del Acta de Libertad de Información sobre cómo el servicio de Inmigración y Ciudadanía utiliza las redes sociales de Internet para investigar solicitudes de naturalización.

La organización obtuvo de CIS un memo donde se articulaba cómo la agencia usa estos populares sitios web y qué tipo de información sobre individuos puede ser extraída.

La agrupación ha estado requiriéndole al gobierno esta información referida a la infiltración de sitios como Facebook, MySpace, Twitter y Flickr. A medida que las agencias respondían, la Fundación descubrió un patrón de conducta por demás llamativo. Y lo calificó como 'potencialmente receptivo' y 'una manera no ética de recolectar información'.

'Lo que nos llamó la atención era la manera en que las agencias iban tras la información. ¿Estaban buscando solo información pública disponible? ¿O estaban teniendo acceso a información privada de las personas?', dijo la abogada Jennifer Lynch, de la Fundación Frontera Electrónica.

Fuentes dentro del gobierno y de la secretaría de Seguridad Nacional aseguraron que solo usan información publica disponible y que no se 'meten' en sitios sociales.

Desde la secretaría de Seguridad Nacional, las fuentes resaltaron que solo monitorean la información pública disponible en las páginas de sitios sociales en relación a una persona que peticiona por un benfeficio migratorio.

Pero no todo es tan sencillo como el gobierno asegura. Para María Blanco, directora del Instituto Warren de la Universidad de California en Berckeley, 'el gobierno está llendo demasiado lejos'.

La abogada de profesión recordó que tras los ataques de Septiembre 11 las compañías de teléfono daban sus registros de llamadas de personas al gobierno.